El presidente Lasso pende de un hilo: el Parlamento de Ecuador vota iniciar el proceso de destitución
El informe que recomienda el juicio político se basa en una investigación de supuestos hechos de corrupción que implican al entorno de Lasso en el denominado 'Caso Encuentro', también conocido como 'El Gran Padrino
Los 104 votos de 125 legisladores presentes con los que se aprobó el informe de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional (Congreso) con la recomendación de un juicio político al presidente Guillermo Lasso, por supuestos delitos contra la seguridad del Estado y omisión en delitos contra la administración pública parecen la alegoría exacta de la soledad política del mandatario ecuatoriano, que ha perdido el respaldo de casi todos los grupos parlamentarios y vive bajo la amenaza de nuevas movilizaciones de sectores indígenas y gremiales.
A favor del informe votaron el bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES); el Partido Social Cristiano (PSC), ex aliado de Lasso; el movimiento Pachakutik (brazo político del movimiento indígena Conaie); Izquierda Democrática (social demócrata) y algunos independientes. En contra votaron 18 legisladores de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) oficialista y hubo tres abstenciones, incluso de cercanos al Gobierno y algunas ausencias.
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La presidenta de la comisión ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, Viviana Veloz, de UNES, dijo en su intervención que «Lasso prefirió cubrir los vínculos de su cuñado Danilo Carrera, cubrir a la banca, a los usureros y al narcotráfico que proteger los sagrados intereses de los ecuatorianos», y que ordenaba desaparecer investigaciones.
Apenas tomada la decisión, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, rechazó la decisión de la Asamblea porque, dijo, no hay méritos para un juicio político. «No es un acto de fiscalización, sino de evidente desestabilización», aseguró y añadió: una vez más la Asamblea le haya fallado al país. Lo aprobado por la Asamblea este sábado 4 de marzo, luego de siete horas de sesión, es el preámbulo del juicio político que tiene un camino legal que recorrer, que incluye una solicitud por escrito con el respaldo de 46 firmas (un tercio de los 137 legisladores), en el que consten los cargos que se le imputan al primer mandatario; que el Consejo de Administración Legislativo (CAL) conozca y apruebe la solicitud y se envíe a la Corte Constitucional (CC) que debe emitir un dictamen de admisibilidad. Para todos estos pasos hay unos plazos que podrían sumar días y hasta semanas. Cómo se pronuncie la CC resulta, hasta hoy, una incógnita.
El cuñado del presidente
Todo comenzó en enero pasado con la filtración de un audio en el medio digital La Posta que daba cuenta de una supuesta trama de corrupción al interior de las empresas públicas y que involucraría a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. En las conversaciones participaban el expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) Hernán Luque y Rubén Chérres, amigo de Carrera. Por investigaciones e informes de la Policía se ha conocido que Chérres tenía vínculos con la mafia albanesa, instalada en el país desde hace unos diez años. En otros diálogos se les escuchaba hablar de nombramientos y contratos con empresas, de pagos de cuotas mensuales y hasta de abrir cuentas en Andorra.
La Fiscalía General del Estado hizo allanamientos en domicilios y despachos de altos cargos y denominó al caso “Encuentro”, pero mediáticamente se le conoce como “El Gran Padrino”, y abrió una investigación penal, mientras que la Asamblea Nacional integró una comisión multipartidista, de mayoría opositora, para investigar la trama, cuyo informe fue votado y aprobado ayer por el Pleno.
Apoyo de expresidentes
La investigación en contra de Lasso tiene calado internacional exteriorizado en un comunicado en el que un grupo de 27 expresidente y exmandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresó su preocupación sobre el propósito de partidos opositores, organizaciones y de la Asamblea Nacional de destituir al presidente ecuatoriano. El documento que fue colgados en redes sociales está suscrito por el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el expresidente del Gobierno español José María Aznar; Mauricio Macri de Argentina; Sebastián Piñera de Chile, entre otros, así como los expresidentes de Ecuador Oswaldo Hurtado, Jamil Mahuad y Lenín Moreno. Los exmandatarios piden se respete los períodos para los que fueron elegidos los presidentes que, en el caso de Lasso termina en 2025. “No conviene la inestabilidad política que suele ocasionar el reemplazo intempestivo e injustificado del presidente de la República”, dice el manifiesto.
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