El Supremo abre la puerta a activar 1.500 millones de inversiones eólicas en Galicia

Una sentencia clave, ya que la mitad de la energía eólica que podría estar produciendo Galicia (2.000 MW) se encuentra paralizada por los recursos del tribunal autonómico, y de su reactivación dependen inversiones por valor aproximado de 1.500 millones de euros según las estimaciones de Naturgy, una de las empresas afectadas por estos parones con 10 proyectos judicializados. Todo ello sin olvidar las implicaciones de este eventual aumento de la producción eólica de la que depende la posibilidad de atraer y retener proyectos industriales fundamentales para el desarrollo económico de la autonomía.

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En concreto, el Supremo sienta precedente para uno de los tres argumentos esgrimidos por el TSJG, en respuesta a las alegaciones presentadas por grupos ecologistas, sobre la aplicación de la evaluación ambiental por parte de la Xunta de Galicia. El TS da la razón al gobierno autonómico, que llevó a cabo esta tramitación ambiental en función de cada proyecto y no de forma fraccionada como alega el tribunal gallego, estableciendo que la vía fue correcta aunque los parques eólicos compartan instalaciones de conexión.

Los otros dos argumentos responden al tiempo designado para presentar las alegaciones contra los proyectos y sobre el acceso a información de los informes sectoriales propios de la tramitación ambiental por parte de dichos alegantes, a los que el Supremo también hace referencia ratificando las sentencias que ya emitió en diciembre y enero respecto a otros parques eólicos, confirmando la legalidad del proceso e instando al TSXG a aplicar esta jurisprudencia, lo que afectaría a un total de 64 parques eólicos.

Desde la Xunta de Galicia celebraron la decisión sobre esta «cuestión vital» para alcanzar los compromisos de descarbonización y apuesta por las energías renovables, aunque desde la Asociación Eólica de Galicia (EGA) se muestran prudentes. «Es un paso más, pero aún debemos esperar al pronunciamiento de la Unión Europea», indicó la patronal en un comunicado.

A la espera de conocer el detalle de la sentencia, de la que de momento solo se conocen los puntos clave, queda pendiente la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la instancia del TSJG, sobre si se adaptó correctamente la normativa europea pertinente en la legislación española. Es el motivo por el que el tribunal gallego mantenía las medidas cautelares a pesar de las sentencias del Supremo de diciembre y enero, además de la falta de jurisprudencia que ayer quedó aclarada.

Sin embargo, al haber respondido el TS a las tres cuestiones, todo parece indicar que se podrán desbloquear a expensas de conocer la sentencia completa.

Uno de los principales afectados por esta situación es la gasista Naturgy. De hecho, ha sido su presidente, Francisco Reynés, quien ha hablado muy claro sobre el tema. Tanto, que hace unas semanas se atrevió a poner cifras.

Fue en durante una rueda de prensa tras la presentación de los resultados financieros de 2024 cuando el máximo directivo de la compañía explicó ante los medios que la inversión latente que en estos momentos se encontraba parada rondaba los 1.500 millones euros.

Reynés expuso que haciendo una media de un millón de euros por megavatio, el volumen total de lo que ahora mismo no está en marcha, se situaría sobre dicha cantidad. El presidente de la gasista mostró cierto pesimismo por lo que sucede en Galicia derivado de una «contestación social que va en aumento». De hecho, explicó que en esta región existe «una judicialización superior a lo previsible».

El presidente de Naturgy, en dicho encuentro con periodistas, se lamentaba que se quiera avanzar en materia renovable en el ámbito de la generación, y a la vez se pongan cada vez más trabas. La compañía, en Galicia, tiene en estos momentos 10 proyectos judicializados, con ocho con cautelares (y los otros dos están vías de ser paralizados también). En total, la parálisis afecta a un total de 78 parques eólicos en la comunidad gallega, aunque la cifra de afectados por recursos contenciosos y administrativos escala hasta los 97 casos.

Según la Asociación Eólica de Galicia, el bloqueo judicial que mantiene 2.000 MW potenciales de energía eólica sin aprovechar en la comunidad, supone una pérdida de 2.750 empleos al año ante la falta de actividad mientras la demanda de 8 TWh adicionales de energía son demandados por 32 proyectos industriales que requieren de unos costes competitivos para asentarse en el territorio.

De hecho, el goteo de estas paralizaciones cautelares ha provocado que, en cuestión de dos años, Galicia dejase de ser la comunidad con mayor producción de energía eólica a posicionarse en tercer lugar por detrás de Castilla y León y Aragón. Según un estudio publicado el pasado mes de diciembre por la Asociación Empresarial Eólica, Galicia apenas instaló 135 MW adicionales de potencia eólica entre 2020 y 2024, frente a los 418 MW instalados exclusivamente en 2019, antes de que su implementación comenzase a judicializarse.

Uno de los casos que ejemplifican esta problemática es la planta de aluminio de la empresa estadounidense Alcoa en San Cibrao (Lugo), que lleva dos años sin actividad ante los elevados costes de la energía y la paralización de los parques eólicos que debían suministrársela, poniendo en entredicho 1.500 empleos teniendo en cuenta las empresas auxiliares que dependen de la producción de aluminio en la Mariña lucense.

Mientras tanto, Galicia continúa envejeciendo y perdiendo población juvenil ante la falta de oportunidades laborales, a pesar de contar con características que la hacen idónea para este tipo de proyectos, como la disponibilidad de agua, viento y sol. Unas ventajas en términos de competitividad para las empresas de las que no puede prescindir la comunidad en aras de su prosperidad.